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OIT acordó un Programa de Trabajo Decente con Empleadores de Uruguay

Uruguay, noviembre 2007

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Un Programa de Trabajo Decente para los Empleadores en Uruguay fue acordado el 15 de noviembre entre el Director de la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur, Guillermo Miranda, el representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailhos, y el representante de la Cámara de Industrias de ese país, Dimitrio Linas.

El Programa se inscribe en el marco de la política de desarrollo económico, social e institucional del Uruguay, para poner en marcha estrategias y acciones destinadas a promover los objetivos de la OIT, en particular, el respeto al derecho de los trabajadores y de los empleadores y de sus organizaciones, la promoción de un empleo digno y productivo, la mejora de la cobertura y eficacia de la protección social; y la promoción del diálogo social y el tripartismo.

El acuerdo expresa el deseo de los gremios empresariales y de la propia OIT, de que se evalúe la forma de continuar con la preparación de un acuerdo tripartito a nivel nacional sobre el contenido de un Programa Nacional Tripartito de Trabajo Decente del Uruguay que cuente con el apoyo de todas las partes.

Asimismo, identifica como áreas prioritarias el fortalecimiento institucional de los gremios empresariales y su participación en el diálogo socio-laboral; la promoción de mejores oportunidades de empleo de calidad; y el respeto al derecho de los empleadores y sus organizaciones.

De acuerdo a la OIT, organizaciones sólidas y eficaces de empleadores inciden en el establecimiento de condiciones óptimas para el desarrollo empresarial y la creación consiguiente de ingresos y de empleos productivos de calidad. La constitución y desarrollo de unos interlocutores fuertes e independientes concuerda con el principio básico del tripartismo de la OIT y con su finalidad prioritaria de promover la democracia.

La cooperación técnica de la OIT a las organizaciones empresariales uruguayas abarcará aspectos tales como la promoción del empleo juvenil; la realización de estudios y análisis para el establecimiento de entornos macroeconómico necesarios para crear y fortalecer a las empresas; la creación de instituciones que apoyen al mercado y el respaldo a las mismas, tales como los observatorios laborales, los servicios de intermediación laboral y los centros de apoyo empresarial; el fomento del respeto al imperio de la ley; la promoción de la estabilidad política, económica e institucional como requisitos previos indispensables para el desarrollo económico; promoción de políticas que apoyen la productividad y competitividad de las empresas; el desarrollo de los recursos humanos y de las calificaciones, a fin de vincularlas a las necesidades de las empresas; y el apoyo a los esfuerzos para formalizar la economía informal a través de medidas destinadas a preservar la contribución económica de la misma.

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